Aunque se habla constantemente de proteger los derechos de la niñez, en algunos rincones de México la realidad es otra.
Guerrero, Chiapas, Nayarit, Oaxaca y Michoacán reportan los mayores índices de trabajo infantil en nuestro país, ya que presentan altos niveles de pobreza y bajo acceso a la educación, según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022 del Inegi.
Los factores que influyen son la pobreza persistente y el escaso acceso a la educación siguen orillando a miles de niños y adolescentes a trabajar desde edades en que deberían estar jugando o estudiando.
El campo mexicano concentra la mayor parte de esta fuerza laboral infantil: el sector agropecuario lidera la lista, seguido por el sector de servicios y comercio. Sin embargo, los números no son alentadores: un 37.6% de los menores que trabajan no recibe ningún ingreso, y casi el 48% apenas gana hasta un salario mínimo.
Más allá de los números, esta realidad tiene un impacto profundo. Cada hora que un niño pasa trabajando es una hora menos de educación, de juego, de formación para un futuro mejor. Es un ciclo difícil de romper: la pobreza obliga al trabajo, el trabajo limita la educación, y la falta de educación perpetúa la pobreza.
Hoy, el reto es más grande que nunca. Combatir el trabajo infantil no solo requiere leyes y sanciones; exige oportunidades reales para las familias, mejores escuelas, programas sociales eficaces y, sobre todo, un compromiso genuino de toda la sociedad.
Mientras tanto, en las tierras fértiles del sur, muchos niños siguen sembrando esperanzas que, con apoyo, podrían florecer en un futuro más justo.