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El presidente Donald Trump ha intensificado su confrontación con la Universidad de Harvard, acusando a la institución de fomentar una cultura “muy antisemita” y proponiendo redirigir $3 mil millones en subvenciones federales hacia escuelas técnicas en todo Estados Unidos.
A través de su plataforma Truth Social, Trump expresó: “Estoy evaluando quitarle 3 mil millones de dólares en subvenciones a una Harvard muy antisemita y dárselos a escuelas de oficios en todo nuestro país”.
Esta declaración se produce en medio de una serie de acciones por parte de la administración Trump contra Harvard, incluyendo la solicitud a agencias federales para rescindir contratos existentes con la universidad, que suman aproximadamente $100 millones.
La medida responde a acusaciones de que Harvard no ha abordado adecuadamente incidentes de antisemitismo en su campus y ha mantenido prácticas de admisión basadas en la raza, a pesar de un fallo de la Corte Suprema de 2023 que prohíbe tales políticas.
Además, la administración ha intentado revocar la capacidad de Harvard para inscribir estudiantes internacionales, una acción que fue temporalmente bloqueada por un juez federal.
En respuesta, Harvard ha presentado demandas legales argumentando que estas acciones gubernamentales amenazan su libertad académica y constitucional.
El presidente de Harvard, Alan Garber, ha criticado las medidas, señalando que cortar la financiación para investigaciones perjudica no solo a la universidad, sino también al país, ya que estos fondos respaldan trabajos de alta prioridad designados por el gobierno federal.
Garber enfatizó que tales acciones representan una amenaza para la libertad académica y la diversidad de pensamiento en las instituciones de educación superior.
La propuesta de Trump de redirigir fondos a escuelas técnicas ha sido recibida con escepticismo por parte de líderes académicos, quienes argumentan que, si bien la educación técnica es valiosa, no debe financiarse a expensas de la investigación y la educación superior. La controversia subraya las tensiones en curso entre la administración y las instituciones académicas respecto a temas de libertad de expresión, diversidad y el papel del gobierno en la educación.
Este conflicto marca un capítulo significativo en la relación entre el gobierno federal y las universidades, con implicaciones potenciales para la autonomía académica y la distribución de recursos educativos en Estados Unidos.
